¿Qué es un requerimiento de información a tercero por la Inspección de la AEAT (arts. 93 y 94 LGT)?

Es una actuación administrativa por la cual la Inspección de los Tributos, en el marco de actuaciones de comprobación e investigación seguidas frente a otro obligado tributario (denominado obligado tributario principal), solicita a un tercero —que no es objeto directo del procedimiento— información o documentación con trascendencia tributaria. Está regulado en los artículos 93 y 94 de la Ley 58/2003 General Tributaria (LGT) y, reglamentariamente, en los artículos 30, 55, 56 y 57 del RD 1065/2007 (RGAT). El tercero requerido tiene la obligación legal de facilitar la información en el plazo y forma señalados, habitualmente 10 días hábiles desde la notificación. La falta de atención, la atención fuera de plazo, la información incompleta o inexacta puede constituir infracción tributaria conforme al art. 199 LGT (incumplimiento de las obligaciones de presentar declaraciones y comunicaciones) o al art. 203 LGT (resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de la Administración tributaria), con sanciones que pueden alcanzar varios miles de euros.

¿Qué riesgos fiscales tiene utilizar una vivienda propiedad de una sociedad limitada patrimonial?

Cuando una sociedad limitada (especialmente las llamadas 'patrimoniales' o de tenencia de inmuebles) es titular de una vivienda que utilizan personas físicas vinculadas (los socios, sus familiares hasta el tercer grado, o personas no vinculadas a precio inferior al de mercado), se activan varios riesgos fiscales sustanciales: (1) Operaciones vinculadas — art. 18 de la Ley 27/2014 del Impuesto sobre Sociedades obliga a valorar a precio de mercado las transacciones entre la sociedad y partes vinculadas; si la sociedad cede el uso de la vivienda gratis o a precio reducido, la diferencia con el valor de mercado se imputa como ingreso a la sociedad (mayor IS) y como utilidad o rendimiento en especie al socio (mayor IRPF). (2) Calificación como reparto de dividendos encubiertos — el art. 25.1.d) LIRPF tipifica como rendimiento del capital mobiliario los procedentes de la condición de socio que excedan del valor de aportación. (3) IVA no deducible — si la sociedad había deducido el IVA soportado en la adquisición o reformas del inmueble, la afectación parcial o total a uso particular implica regularización de la deducción inicial. (4) Imputación de rentas inmobiliarias — art. 85 LIRPF para el socio persona física. (5) Riesgo penal — si la cuantía supera 120.000 € en cualquiera de los tributos por ejercicio, puede entrar en el ámbito del art. 305 del Código Penal.

¿Estoy obligado a contestar un requerimiento de información de la AEAT aunque no sea yo el obligado tributario investigado?

Sí. El art. 93.1 LGT establece que las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, así como las entidades sin personalidad jurídica, estarán obligadas a proporcionar a la Administración tributaria toda clase de datos, informes, antecedentes y justificantes con trascendencia tributaria relacionados con el cumplimiento de sus propias obligaciones tributarias o deducidos de sus relaciones económicas, profesionales o financieras con otras personas. La obligación de información del tercero requerido es independiente y autónoma respecto del procedimiento principal seguido frente al obligado tributario investigado. El tercero no puede oponer secreto bancario, profesional ni mercantil (salvo las excepciones legales del art. 93.4 y 93.5 LGT). La falta de atención del requerimiento puede sancionarse aunque el procedimiento principal frente al obligado investigado no acabe con regularización. Lo razonable es contestar siempre en plazo, aportando la información veraz que se posea sobre los hechos requeridos, sin más alcance que el solicitado.

¿Qué pasa si el inmueble de una sociedad lo usa la familia del socio sin contrato?

La cesión del uso de un inmueble propiedad de una sociedad a familiares del socio sin contrato escrito genera importantes contingencias fiscales. Para la sociedad: la AEAT imputará un ingreso por el valor de mercado del alquiler que tendría que haber cobrado (art. 18 LIS, operaciones vinculadas con partes vinculadas en el sentido del apartado 2 del mismo artículo, que incluye al cónyuge y a los ascendientes y descendientes en línea recta y colateral hasta el tercer grado del socio); si el inmueble había estado afecto a la actividad (por estar el domicilio social), la desafectación implica también regularizar amortizaciones y gastos. Para el socio: la diferencia entre el valor de mercado del alquiler y el importe efectivamente pagado se califica como rendimiento del capital mobiliario por la condición de socio (art. 25.1.d) LIRPF) o como rendimiento del trabajo en especie si hubo relación laboral. Para los familiares no socios: si no son vinculados pero se les cede gratuitamente, podría calificarse como donación con tributación en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD). La ausencia de contrato escrito agrava el riesgo probatorio: la AEAT presumirá la cesión a valor cero salvo prueba en contrario. Es muy recomendable formalizar siempre el uso mediante contrato escrito (arrendamiento o precario con duración determinada) y declarar las rentas correspondientes.

¿Qué información puede pedir la AEAT en un requerimiento sobre un inmueble?

El alcance habitual de un requerimiento de información sobre el uso de un inmueble incluye: (1) Identificación del titular del inmueble (propietario, nudo propietario, usufructuario) y, en su caso, de la plaza de garaje y trastero, con su referencia catastral; (2) Identificación de la persona o personas que utilizan el inmueble en cada uno de los ejercicios comprobados, con expresión del título jurídico (propietario, arrendatario, cesionario, usufructuario, comodatario, precarista); (3) Copia del contrato o documento que articula el uso (arrendamiento, comodato, usufructo) y los justificantes de pago si los hubiere (transferencias, recibos, ingresos bancarios); (4) Identificación del titular de los contratos de suministros del inmueble (agua, luz, gas, teléfono, internet, comunidad de propietarios), con identificación de los medios de pago utilizados (cuenta bancaria, domiciliación) y copia de los dos últimos recibos; (5) En su caso, certificado de empadronamiento histórico de las personas que residen o han residido en el inmueble. La trascendencia tributaria de cada elemento informativo es triple: probar la afectación real del inmueble (a actividad económica o a uso particular), identificar a quién corresponde el rendimiento (titular, usuario) y cuantificar el valor de mercado del uso para los ajustes de operaciones vinculadas.

Requerimiento de Información a Tercero (arts. 93 y 94 LGT) sobre el Uso de una Vivienda Propiedad de una Sociedad Patrimonial: Contestación con Acreditación Documental del Empadronamiento y del Uso Familiar No Vinculado | Caso Real

Q: ¿Cuál es el plazo para contestar un requerimiento de información de la Inspección?

El plazo habitual para contestar un requerimiento de información de la Inspección es de 10 días hábiles desde la notificación, conforme expresamente señala la propia notificación y como lo permite el art. 30.4 del Reglamento General de las actuaciones y procedimientos de gestión e inspección (RD 1065/2007). Se excluyen del cómputo los sábados, domingos y festivos. La presentación se realiza por medios electrónicos a través de la Sede Electrónica de la AEAT (https://sede.agenciatributaria.gob.es), utilizando el procedimiento 'Requerimientos de información de Inspección' / 'Contestar requerimientos o presentar documentación relacionada con una notificación recibida de la AEAT'. El acceso requiere certificado electrónico, DNI electrónico, Cl@ve PIN o, alternativamente, identificación por CSV (Código Seguro de Verificación) y NIF del presentador. Excepcionalmente puede solicitarse una ampliación de plazo conforme al art. 91 RGAT, pero la AEAT solo la concede si concurren causas justificadas (volumen de información extraordinario, dificultades de recopilación documental, etc.).

Resumen ejecutivo

Una contribuyente persona física recibe en su domicilio actual la notificación de un requerimiento de información de la Inspección Regional de la AEAT con fundamento en los arts. 93 y 94 de la Ley General Tributaria. El requerimiento se enmarca en un procedimiento inspector seguido por la Administración tributaria frente a una sociedad limitada patrimonial de la que la requerida había sido en su momento administradora o socia, y que figura como titular registral y catastral de un inmueble urbano situado en un municipio del oeste de Madrid.

La AEAT requiere la siguiente información referida a cuatro ejercicios fiscales consecutivos: (i) identidad del titular del inmueble y, en su caso, de la plaza de garaje; (ii) identidad de la persona o personas que utilizan el inmueble en cada uno de los ejercicios; (iii) título jurídico por el que se hace uso (arrendamiento, usufructo, comodato, precario) y aportación del documento contractual y los justificantes de pago si los hubiere; (iv) identidad del titular de los contratos de suministros de la vivienda (agua, luz, gas, teléfono), con identificación de los medios de pago y copia de los dos últimos recibos.

Resultado: el despacho prepara y presenta en plazo, a través de la sede electrónica de la AEAT, un escrito de contestación con cuatro manifestaciones sustantivas y un anexo documental probatorio. Acredita que (1) el inmueble es propiedad de la sociedad patrimonial y constituyó su domicilio social y fiscal; (2) la requerida cesó la convivencia en el inmueble en 2018, antes del primer ejercicio comprobado, y trasladó su residencia habitual a una localidad costera del sur de España; (3) el inmueble lo ocupan actualmente su ex-pareja y la hija menor común sin documento escrito, sustentado en un acuerdo verbal de medidas paternofiliales no formalizadas judicialmente, "para no perjudicar la rutina de la menor"; (4) los suministros figuran a nombre de la requerida y son pagados por ella en contraprestación al acuerdo verbal alcanzado con el padre de su hija. El requerimiento se da por atendido sin sanción y la requerida queda fuera del foco principal de la investigación, que continúa frente al obligado tributario principal (la sociedad patrimonial).

1. Situación de partida

La contribuyente requerida es una persona física que, años antes de recibir el requerimiento, había mantenido una vinculación societaria y residencial con un inmueble situado en un municipio del oeste de Madrid, integrado en una urbanización residencial. La situación de partida presenta tres rasgos relevantes que condicionan la estrategia procesal:

Titularidad societaria del inmueble. El inmueble es propiedad —según consta en la certificación catastral aportada— de una sociedad limitada patrimonial, vehículo societario común en la tenencia de inmuebles de uso residencial o mixto. La sociedad había declarado el inmueble como domicilio social y fiscal, lo que en su día le permitió considerarlo afecto a la actividad y, en su caso, deducir gastos asociados (suministros proporcionales, comunidad, IBI, amortización).
Convivencia familiar previa al cese. Hasta una fecha concreta del año 2018, el inmueble fue la vivienda habitual de la requerida, de su entonces pareja sentimental (el padre de su hija común) y de la propia hija menor. La residencia se interrumpió en septiembre de 2018 con motivo de la ruptura sentimental de la pareja, momento en que la requerida trasladó su residencia habitual a una localidad costera del sur de España y modificó su empadronamiento.
Uso actual por familiares no vinculados. Desde el cese de la convivencia, el inmueble está siendo utilizado por dos personas: la ex-pareja de la requerida (no socio de la sociedad propietaria) y la hija menor común. El uso se sustenta en un acuerdo verbal informal entre los progenitores, sin documento contractual escrito, con la finalidad declarada de no alterar la rutina de la menor (centro escolar, círculo familiar y social en el municipio). Los suministros, sin embargo, figuran a nombre de la requerida.

Dato clave: el primer ejercicio comprobado por la Inspección es posterior a la fecha de cese de la convivencia de la requerida en el inmueble. Esto significa que, durante todo el periodo objeto de comprobación, la requerida ya NO residía en el inmueble. Esta circunstancia es decisiva: permite acreditar que la requerida no obtuvo durante los ejercicios comprobados ningún rendimiento en especie por el uso de la vivienda, ni mantuvo con la sociedad propietaria una relación que implicara obtención de utilidad o ventaja patrimonial sometida a tributación.

2. Origen del encargo: notificación del requerimiento de información

La requerida recibe en su domicilio fiscal actual —pese a hallarse físicamente residiendo en otra Comunidad Autónoma desde 2018— una notificación postal de la AEAT con acuse de recibo certificado, conteniendo el Requerimiento de Información. El requerimiento, firmado electrónicamente por la Inspectora Coordinadora de la Inspección Regional y dirigido a la atención del actuario designado del Equipo de Inspección, presenta los siguientes elementos:

Base legal: arts. 93 y 94 de la Ley 58/2003 General Tributaria (LGT) — obligación de facilitar información con trascendencia tributaria; arts. 30, 55, 56 y 57 del RD 1065/2007 (RGAT) — requerimientos de información.
Información solicitada: identificación del titular del inmueble y de la plaza de garaje (con referencia catastral concreta); identificación de las personas o entidades que utilizan el inmueble; título jurídico de uso con copia del contrato y justificantes de pago; identificación del titular de los contratos de suministros (agua, luz, gas, teléfono), medios de pago y copia de los dos últimos recibos.
Ejercicios comprendidos: los cuatro ejercicios fiscales más recientes, todos posteriores al cese de convivencia de la requerida.
Plazo de contestación: 10 días hábiles desde la notificación, conforme al art. 30.4 RGAT.
Medios de presentación: sede electrónica de la AEAT (procedimiento "Requerimientos de información de Inspección"), correo certificado al actuario, correo electrónico o registro público.
Advertencia sancionadora: la falta de atención, la atención fuera de plazo o la aportación de información incompleta, inexacta o con datos falsos podría constituir infracción tributaria grave y sancionarse conforme al art. 199 LGT (incumplimiento de las obligaciones de presentar declaraciones y comunicaciones) o al art. 203 LGT (resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de la Administración tributaria).
Recursos: recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes o reclamación económico-administrativa ante el TEAR en el mismo plazo (arts. 222 a 225 y 226 a 240 LGT).

Marco normativo aplicable: arts. 93 (obligaciones de información), 94 (autoridades sometidas al deber de información), 95 (carácter reservado de la información facilitada), 141 (funciones de la Inspección), 199 (infracción por no presentar declaraciones y comunicaciones), 203 (resistencia, obstrucción, excusa o negativa), 207 a 211 (procedimiento sancionador) y 222 a 240 (recursos) de la Ley 58/2003 General Tributaria; arts. 30, 55, 56, 57, 87.4, 91, 114 y 115 del RD 1065/2007 (RGAT); RD 2063/2004 (régimen sancionador tributario); RD 520/2005 (revisión en vía administrativa); Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común. Para el análisis sustantivo: art. 18 de la Ley 27/2014 del IS (operaciones vinculadas); arts. 25 y 85 de la Ley 35/2006 del IRPF (rendimientos del capital mobiliario por la condición de socio e imputación de rentas inmobiliarias).

3. Estrategia procesal: contestación íntegra, veraz y documentada

Tras el análisis del requerimiento y de los hechos relevantes, el despacho identifica con claridad la posición jurídica de la requerida: es un tercero ex art. 93 LGT, no la obligada tributaria principal investigada. El procedimiento principal no se sigue frente a ella, sino frente a la sociedad limitada patrimonial titular del inmueble. Esta diferenciación es decisiva: la requerida no tiene que defenderse de una liquidación ni de una sanción inminente; tiene únicamente la obligación de aportar la información veraz que posea sobre los hechos requeridos, en el plazo y forma señalados, sin que de ello pueda derivarse de modo automático perjuicio fiscal en su esfera personal.

La estrategia procesal se articula en torno a cuatro manifestaciones sustantivas respaldadas cada una por documentación probatoria, todas ellas presentadas en un escrito único registrado en plazo a través de la Sede Electrónica de la AEAT (procedimiento "Contestar requerimientos o presentar documentación relacionada con una notificación recibida de la AEAT"):

Manifestación I

Acuse y titularidad del inmueble (Documento 2: Certificación Catastral)

Se acusa formalmente recibo del requerimiento de información y se identifica con precisión la titularidad del inmueble: la finca y, en su caso, plaza de garaje, son propiedad de una sociedad limitada patrimonial que tuvo en su día constituido en ese inmueble su domicilio social y fiscal, donde se desarrollaba la gestión administrativa de la sociedad. Se acompaña la certificación catastral descriptiva y gráfica emitida por la Dirección General del Catastro, que acredita inequívocamente la titularidad societaria del inmueble. Este documento elimina cualquier duda sobre quién es el dueño del inmueble y desplaza la indagación tributaria hacia la sociedad propietaria, no hacia la requerida.

Manifestación II

Cese de la convivencia y traslado de residencia (Documento 5: Certificado Histórico Individual de Empadronamiento)

Se acredita que la requerida convivió en el inmueble como vivienda habitual junto a su entonces pareja sentimental y a la hija común únicamente hasta una fecha concreta del año 2018. A partir de esa fecha, con motivo de la ruptura sentimental, la requerida trasladó su residencia habitual a una localidad costera del sur de España (otra Comunidad Autónoma), donde figura empadronada desde entonces. Se aporta certificado histórico individual de empadronamiento emitido por el Ayuntamiento correspondiente, que documenta la fecha exacta del traslado, los cambios sucesivos de domicilio y la situación actual. Este documento es el elemento probatorio fundamental: prueba que durante todos los ejercicios comprobados por la inspección la requerida NO residía en el inmueble objeto del requerimiento.

Manifestación III

Uso actual del inmueble por familiares (Documentos 3 y 4: Empadronamientos de los ocupantes)

Se identifica con precisión a las personas que actualmente utilizan el inmueble: la ex-pareja de la requerida y la hija menor común de ambos. Se hace constar expresamente que no media documento oficial alguno que articule el uso: ni contrato de arrendamiento, ni de comodato, ni convenio regulador de medidas paternofiliales homologado judicialmente, ni convenio notarial. El uso se sustenta en un acuerdo verbal informal entre los progenitores, alcanzado tras la separación, con la única finalidad de no alterar la rutina de la menor (centro escolar, círculo social, vínculos familiares en el municipio). Se aportan los certificados de empadronamiento de la ex-pareja y de la hija menor en el inmueble. La AEAT recibe así la información veraz sobre quién ocupa el inmueble, sin que la requerida pueda aportar documentos que no existen (contratos que no se firmaron, justificantes de pagos que no se realizaron por no haber renta acordada).

Manifestación IV

Suministros: titularidad y medios de pago (Facturas y justificantes bancarios)

Se aportan facturas de los suministros del inmueble (agua, luz, gas, teléfono) emitidas a nombre de la requerida, junto con los justificantes bancarios que acreditan su pago efectivo desde una cuenta de su titularidad. Se aclara la circunstancia, aparentemente paradójica, de que los suministros estén a nombre y a cargo de quien no reside en el inmueble: la requerida los abona como contraprestación al acuerdo verbal de medidas paternofiliales alcanzado tras la ruptura, en lugar de pagar una pensión de alimentos formal a través de transferencia bancaria. Es una solución doméstica frecuente en separaciones no formalizadas judicialmente, sin que de ello pueda inferirse beneficio fiscal ilícito alguno: la requerida sufraga los suministros como contribución alimentaria a la menor (gasto que asume voluntariamente como progenitora), no como contraprestación de un uso del inmueble del que no disfruta.

Solicitud

Petición de cierre del requerimiento

El escrito concluye solicitando que se tengan por presentadas las manifestaciones y aclaraciones, así como la documentación probatoria adjunta, y que, previas las comprobaciones oportunas, se dé por atendido el requerimiento. No se formulan reservas ni se anuncian recursos: la requerida colabora plenamente con la Inspección dentro del alcance estricto del requerimiento, sin desbordar el ámbito de la información solicitada ni emitir valoraciones sobre la actuación inspectora seguida frente a la sociedad propietaria.

4. Resultado: requerimiento atendido sin sanción ni regularización a la requerida

Tras la presentación del escrito de contestación en el plazo legal de 10 días hábiles, con justificante de presentación electrónica emitido por la sede de la AEAT, la Inspección Regional da por atendido el requerimiento respecto de la requerida. No se inicia procedimiento sancionador frente a ella (descartándose la aplicación de los arts. 199 y 203 LGT) y no se le formula liquidación tributaria, ya que la información aportada es completa, veraz y se ajusta exactamente al alcance del requerimiento.

El procedimiento inspector principal continúa respecto del obligado tributario investigado (la sociedad limitada patrimonial propietaria del inmueble), sobre la base de toda la información cruzada que la AEAT ha venido recabando: comunicaciones a terceros, cruces con la Dirección General del Catastro, declaraciones del Modelo 184 si la sociedad ha sido transparente, información del Censo de Entidades, y la propia información ahora aportada por la requerida sobre el uso real del inmueble. La requerida queda fuera del foco principal del expediente.

Valoración: en un requerimiento de información a tercero, la contestación íntegra, veraz, documentada y en plazo es siempre la mejor estrategia. Permite cerrar la implicación del requerido en un único acto, sin generar sospechas de ocultación ni dilaciones que puedan derivar en sanción, y limitar el riesgo de que la AEAT extienda el procedimiento principal hacia el tercero (ampliando el alcance subjetivo a la requerida como obligada tributaria por rendimiento en especie, donación encubierta o utilidad por la condición de socio). La aportación de los certificados de empadronamiento histórico fue, en este caso, el elemento probatorio decisivo: una prueba documental oficial, emitida por administración pública municipal, sobre la fecha del cambio de residencia.

5. Lecciones para personas físicas vinculadas a sociedades patrimoniales

Este caso, frecuente en el segmento de sociedades limitadas patrimoniales utilizadas como vehículos de tenencia de inmuebles residenciales (un esquema muy común en España desde los años 2000), deja varias enseñanzas operativas que conviene incorporar a la planificación patrimonial y a la gestión cotidiana:

No mezcles vivienda particular y domicilio social. Constituir el domicilio social y fiscal de una sociedad en una vivienda donde residen efectivamente los socios o sus familias es una fuente de contingencias fiscales recurrentes. La AEAT cruza datos catastrales, padrones municipales, declaraciones del IBI, suministros y declaraciones del IRPF para detectar inconsistencias. Si la sociedad tiene actividad real, conviene tener un local diferenciado; si es patrimonial, conviene declarar como domicilio fiscal la dirección del despacho del asesor o del administrador, no la vivienda familiar.
Formaliza siempre por escrito los usos de inmuebles cedidos por sociedades a personas físicas. Aunque la cesión sea gratuita o a precio simbólico, hay que firmar un contrato escrito (arrendamiento, comodato, precario) con plazo determinado y condiciones expresas. La AEAT exigirá copia documental y, en su ausencia, presumirá la cesión a valor cero o a valor de mercado, según convenga al fisco. Sin documento escrito, el contribuyente tiene la peor posición probatoria posible.
Las operaciones vinculadas se aplican entre la sociedad y los familiares del socio (hasta tercer grado). El art. 18.2 LIS amplía mucho el círculo de personas vinculadas: incluye no solo al socio, sino a su cónyuge, ascendientes, descendientes y colaterales en línea directa hasta el tercer grado. Si una sociedad limitada cede el uso de un inmueble a un hijo o hermano del socio, hay que valorar a precio de mercado y declarar las rentas correspondientes.
Cuando recibas un requerimiento ex arts. 93-94 LGT como tercero, contesta SIEMPRE en plazo. La obligación de información es independiente del procedimiento principal. La falta de atención puede suponer sanción tributaria importante (puede alcanzar los 600.000 € según el art. 199 LGT en casos graves) y, además, te identifica ante el fisco como elemento no colaborador, lo que multiplica el riesgo de inspecciones futuras propias.
Conserva siempre certificados de empadronamiento históricos. Cuando cambies de domicilio, especialmente por motivos personales relevantes (separación, ruptura, traslado laboral), pide en el Ayuntamiento un certificado histórico individual de empadronamiento que acredite la cronología exacta de tus residencias. Este documento, oficial y emitido por administración pública, es prueba reina en cualquier procedimiento tributario o judicial donde se discuta tu residencia habitual.
Los acuerdos verbales paternofiliales no son inválidos, pero generan riesgos fiscales. Cuando dos progenitores no formalizan judicialmente su separación, los acuerdos económicos verbales (pensión de alimentos, uso de la vivienda familiar, gastos de la menor) pueden funcionar en la práctica pero son fiscalmente opacos. Si pagas suministros del que era tu domicilio en lugar de pensión, la AEAT puede preguntar (como en este caso) y conviene tener la respuesta preparada. Lo ideal es formalizar mediante convenio regulador (incluso extrajudicial mediante escritura pública) toda separación con menores implicados.
Si has sido socia o administradora de una sociedad de la que ya no formas parte, conserva la documentación. Las inspecciones a sociedades pueden extenderse hacia atrás varios años (el plazo de prescripción tributaria es de 4 años desde la finalización del plazo de declaración). Aunque hayas vendido tus participaciones o cesado en el cargo, podrías recibir requerimientos de información sobre operaciones de épocas pasadas.

6. Preguntas frecuentes sobre requerimientos de información a terceros y uso de viviendas de sociedades

¿Qué es un requerimiento de información a tercero (arts. 93-94 LGT)?

Es una actuación por la cual la Inspección de la AEAT solicita a un tercero información o documentación con trascendencia tributaria, en el marco de actuaciones seguidas frente a otro obligado tributario. Está regulado en los arts. 93 y 94 LGT y en los arts. 30, 55-57 RGAT. El requerido tiene 10 días hábiles para contestar a través de la sede electrónica. La falta de atención puede constituir infracción del art. 199 LGT (incumplimiento de obligaciones de presentar declaraciones) o del art. 203 LGT (resistencia, obstrucción, excusa o negativa), con sanciones que pueden alcanzar varios miles de euros.

¿Qué riesgos hay si una sociedad limitada cede su vivienda a un socio o familiar?

Riesgos importantes: (1) operaciones vinculadas art. 18 LIS — imputación a la sociedad del ingreso por valor de mercado del alquiler que no cobró; (2) calificación como rendimiento del capital mobiliario por la condición de socio art. 25.1.d) LIRPF; (3) regularización del IVA deducido en la adquisición o reformas; (4) si el familiar no es socio sino solo pariente, posible donación con tributación en ISD; (5) riesgo penal si la cuantía supera 120.000 € por tributo y ejercicio. Lo razonable es formalizar el uso por contrato escrito y declarar rentas a precio de mercado.

¿Estoy obligado a contestar si soy tercero requerido?

Sí. La obligación de información del art. 93 LGT es general e incondicional para personas físicas y jurídicas, públicas o privadas. No puedes oponer secreto profesional, mercantil o bancario (salvo las excepciones legales del art. 93.4 y 93.5). La obligación es autónoma del procedimiento principal: tu deber de informar nace del propio requerimiento, no de tu condición de obligado tributario. Lo razonable es contestar siempre en plazo y de modo veraz.

¿Qué pasa si la vivienda de una sociedad la usa familia del socio sin contrato?

La AEAT considera operación vinculada (art. 18 LIS, que incluye al cónyuge y ascendientes-descendientes-colaterales hasta tercer grado del socio) y exige valoración a precio de mercado. Sin contrato escrito, la posición probatoria del contribuyente es la peor posible: la AEAT presume cesión a valor cero (regularizable a precio de mercado), o como dividendo encubierto, o como donación al familiar no socio. Conviene formalizar siempre el uso por contrato escrito (arrendamiento, comodato, precario) y declarar rentas en consecuencia.

¿Cuál es el plazo para contestar un requerimiento de información?

10 días hábiles desde la notificación (se excluyen sábados, domingos y festivos), conforme al art. 30.4 RGAT. La presentación se realiza por sede electrónica de la AEAT, procedimiento "Requerimientos de información de Inspección". Excepcionalmente cabe pedir ampliación del plazo conforme al art. 91 RGAT, pero solo se concede por causa justificada (volumen documental extraordinario, dificultades materiales acreditadas).

¿Qué documentos prueban mejor mi residencia ante la AEAT?

El más relevante es el certificado histórico individual de empadronamiento emitido por el Ayuntamiento, que documenta la cronología completa de tus residencias (fechas exactas de alta y baja en cada domicilio). Otros documentos complementarios: declaración de IRPF con dirección, recibos de suministros a tu nombre, contrato de alquiler o escritura de compraventa de tu vivienda actual, certificados bancarios con dirección de envío de correspondencia, certificados escolares o sanitarios. La declaración del IRPF y el padrón son los que más peso tienen ante la AEAT.

¿Qué sanciones se imponen por no atender un requerimiento de información?

Dos tipos posibles: (a) art. 199 LGT — infracción por incumplir obligaciones de presentar declaraciones y comunicaciones, sanción fija de 150 € a 6.000 € + un porcentaje sobre la cuantía a la que se refiera la información no aportada; (b) art. 203 LGT — resistencia, obstrucción, excusa o negativa, sanción fija de 1.000 € a 600.000 € según la gravedad (la cuantía depende del tipo de información requerida y del comportamiento del contribuyente). Las sanciones se reducen un 30% por conformidad y un 40% adicional por pronto pago.

Aviso de anonimización: los datos identificativos del cliente (nombre y apellidos de la requerida, de su ex-pareja y de la hija menor, NIF y DNI, denominación social y CIF de la sociedad propietaria del inmueble, dirección postal exacta del inmueble, municipio concreto del oeste de Madrid, referencia catastral del inmueble, dirección actual de la requerida en la localidad costera del sur de España, número de expediente, número de certificado de notificación, identidad del actuario y de la Inspectora Coordinadora, equipo de inspección concreto y fechas exactas del procedimiento) han sido suprimidos o generalizados conforme a las obligaciones de secreto profesional del asesor y a la normativa de protección de datos personales (Reglamento (UE) 2016/679 y Ley Orgánica 3/2018). Los hechos sustantivos descritos (titularidad societaria del inmueble, cese de convivencia en 2018, traslado a otra Comunidad, uso actual por ex-pareja e hija menor sin contrato escrito, suministros a nombre y a cargo de la requerida) son fidedignos y corresponden al expediente real; los fundamentos jurídicos invocados y el desenlace del procedimiento (requerimiento atendido sin sanción) son igualmente fidedignos. Los elementos accidentales han sido modificados para preservar la confidencialidad de la requerida y de las terceras personas mencionadas, en particular la menor.

¿Has recibido un requerimiento de información de la AEAT y no sabes cómo contestar?

En Legislae Asesores defendemos a terceros requeridos por la Inspección de la AEAT, preparando contestaciones íntegras, veraces y documentadas que cierren la implicación del requerido en un único acto y eviten sanciones del art. 199 o 203 LGT. También planificamos el uso fiscalmente óptimo de inmuebles de sociedades patrimoniales para prevenir contingencias futuras.

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